El problema Colonial en cinco pasos

Hace unos días, gracias al internet, escuchaba desde Nueva Zelanda un foro en el cual el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral argumentaba que, bajo la cláusula territorial, el Congreso de Estados Unidos podía determinar que las leyes federales ambientales no aplicaran en Puerto Rico. En ese, así como en otros de los argumentos legales que esbozaba, Hernández Mayoral probablemente tenía razón.

No obstante, al igual que toda discusión sobre el estatus de Puerto Rico que se centre en teorías legales o en decisiones de los tribunales, Hernández Mayoral perdía de vista la razón por la cual la relación entre la Isla y Estados Unidos es y siempre ha sido indefendible. A riesgo de decir algo demasiado obvio, quisiera explicar cuál es el problema en cinco puntos que no deberían ni siquiera ser controversiales:

Primero En una democracia, los ciudadanos se auto-gobiernan pues únicamente están sujetos a leyes adoptadas por ellos mismos o por sus representantes electos.

Segundo: La democracia es la única forma de gobierno aceptable (si usted no está de acuerdo con este punto, es decir, si usted piensa, por ejemplo, que es bueno vivir en una dictadura, puede parar de leer en este momento).

Tercero: Una colonia es una forma de gobierno no democrática, pues en una colonia aplican leyes adoptadas por una legislatura extranjera (es decir, por una legislatura compuesta por representantes no electos).

Cuarto: Como una colonia es una forma de gobierno no democrática, las colonias son inaceptables.

Quinto: Puerto Rico es una colonia (y por lo tanto no es una democracia), pues en la Isla aplican miles de leyes adoptadas por una Legislatura (el Congreso de Estados Unidos) no electa por los puertorriqueños.

Esos cinco puntos eran y son ciertos, antes y después: de Sánchez Valle, de la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, de la Resolución 748(VIII) de la Organización de las Naciones Unidas en 1953, de todos los plebiscitos de estatus, del informe del Task Force de la Casa Blanca, de PROMESA, de la carta del secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, y de cualquier otro momento que usted considere importante en nuestra historia posterior a 1898.

Para que Puerto Rico deje de ser una colonia, no basta que dejen de aplicar en la Isla las leyes de cabotaje o las leyes federales ambientales. El problema del status tampoco se resuelve con el mero derecho a objetar la aplicabilidad de determinadas leyes estadounidenses en la Isla, ni a través decisiones judiciales que describan la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos de una manera simpática.

Para dejar de ser colonia, Puerto Rico tiene que convertirse, por primera vez en su historia, en una democracia, es decir, en un país en donde los ciudadanos únicamente están sujetos a sus propias leyes.

Ahora bien, supongamos que el 1 de enero de 2018 ocurre lo impensable: (1) el Congreso de Estados Unidosse compromete, a partir de esa fecha, a no aprobar ninguna ley que aplique en Puerto Rico (algo parecido a lo que hizo Reino Unido con sus excolonias a principios del Siglo XX); y (2) a excluir inmediatamente a la Isla de cualquier ley federal vigente antes de esa fecha de nuestro gobierno así solicitarlo.  Podría argumentarse que bajo arreglo como ese (mientras el Congreso respete su promesa), Puerto Rico no sería una colonia y funcionaría como un país independiente de facto (como en su momento lo fue Canadá, Australia, y Nueva Zelanda). Pero como sabemos que no hay ninguna probabilidad de que eso ocurra, es mejor que el problema lo resolvamos nosotros mismos.