La Junta nunca auditó la deuda
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En una columna publicada recientemente, el profesor de Derecho e integrante de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skeel, argumenta que dicha entidad ya auditó la deuda. Informa que la Junta comisionó a Kobre & Kim (K&K) para investigar las causas de la deuda pública de bonos del país, y que dicho estudio sirvió de piedra central para impugnar la legalidad de poco más de seis mil millones de dólares en emisiones. Goebells estaría orgulloso.
Pese a que nos costó la friolera de $16 millones, el informe de K&K no es una auditoría, ni un análisis verdaderamente independiente sobre la deuda del país. No es una auditoría financiera; en ninguna parte se detalla cuánto de esa deuda en bonos se ha pagado, cuánto se recibió en principal, y cuánto nos pretenden condenar a pagar por vía de intereses leoninos, como los de los capital appreciation bonds, donde insisten que paguemos hasta siete veces el principal de los préstamos.
Tampoco es una auditoría de cumplimiento; se evita reiteradamente examinar el cumplimiento de las emisiones con las clásulas sobre presupuestos balanceados, de prohibición al repago por más de 30 años, y del límite constitucional a la deuda, llegando incluso al extremo de referir algunas de esas interrogantes a una comisión de auditoría que la administración actual había eliminado.
El informe tampoco es una auditoría forense; K&K se niega rotundamente a identificar a las personas e instituciones responsables de la acumulación de la deuda. Por el contrario, la firma suscribió acuerdos de no divulgación con muchas de estas personas y entidades cuya mano se encuentra replegada en varias de las transacciones ilegales que nos trajeron aquí.
Además, el informe no examina en qué se utilizó el dinero. K&K hace poco por documentar los miles de millones que el gobierno de Puerto Rico pagó a suscriptores de bonos, como UBS, Goldman Sachs, Popular y Santander, o a asesores legales y financieros, en las distintas emisiones de bonos. Tampoco detalla las instancias en las que el dinero de las emisiones fue utilizado para refinanciamientos, para proyectos abortados, fines no acordados, o peor aún, si llegaron a manos privadas en las que funcionarios/as del gobierno, y quizás, hasta de la Junta, tenían interés económico.
Finalmente, en ninguna parte se examina la responsabilidad del gobierno federal en la acumulación de la deuda, por la imposición de sus políticas económicas y fiscales, por la disparidad en el acceso a fondos, ni por la autorización por parte del Tesoro federal o IRS de todas estas emisiones. En fin, se trata de un relato histórico de la deuda que deja sin examinar los factores estructurales, macroeconómicos y constitucionales que generaron las condiciones para su acumulación. Así cualquiera.
De una mirada al propio contrato de K&K surge que no estaban contratados para realizar una auditoría y que no siguieron los estándares de contabilidad para auditorías gubernamentales, también llamado “Yellow Book”.
El que la Junta finalmente reconociera la ilegalidad de tres emisiones de bonos de obligaciones generales tampoco abona mucho a la teoría de que la deuda fue auditada. Cuando se publicó el informe de K&K, la Junta estaba firmando el acuerdo de restructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, y poco después anunciaría el de Cofina. Ambos acuerdos representaban cerca de $21 mil millones en deuda de bonos que la Junta optó por no impugnar, tal vez por que dos de sus integrantes participaron de las emisiones de ambas entidades.
El caso de Cofina es particularmente revelador porque varias emisiones de bonos adolecían de las mismas deficiencias constitucionales que las emisiones impugnadas por la Junta. Así, que la Junta haya optado por impugnar en el Tribunal unas emisiones, y no otras en las que sus integrantes participaron, dice más sobre la incapacidad de dicho ente para realizar un examen independiente de la deuda que de haberla auditado.
Hoy, más que nunca, la auditoría integral de la deuda es la herramienta principal para resistir la pretensión de los fondos buitres en saquear al país o condenarlo a la servidumbre financiera por el próximo medio siglo. Nadie debe ser condenado a pagar por deuda ilegal e ilegítima. Y, si algo nos enseñó el verano de 2019, es que ese ejercicio no debe estar en manos del gobierno federal, del de Puerto Rico, y mucho menos de la Junta, sino del pueblo, ese que ha sufrido todos los embates de gobernantes que emiten deuda, imponen políticas de dolor y negocian restructuraciones que le secuestran su futuro.