Los Partidos Políticos en el Régimen Colonial

Publicado originalmente el 1 de enero de 1971

La teoría general indica que el origen de los partidos políticos está condicionado por dos acontecimientos históricos: la existencia previa de las instituciones legislativas o parlamentarias y las leyes de reforma electoral, que expanden significativamente la participación democrática de los ciudadanos mediante la extensión del derecho al voto más allá de la aristocracia y la alta burguesía. En su período inicial los partidos son sencillamente "sociedades de inscripción", encargadas de inscribir y movilizar en sentido electoral los nuevos núcleos sociales que adquieren el derecho al voto. Más tarde los partidos establecen organizaciones externas a las instituciones legislativas o parlamentarias y comienzan a cumplir otras funciones sumamente importantes en el proceso de participación democrática como, por ejemplo, la nominación de candidatos a los puestos electivos del sistema político, el control y disciplina de la conducta de los legisladores y el completo dominio de las instituciones gubernamentales. En este punto el gobierno democrático se identifica con el gobierno de partido fundamentado en el respaldo de una mayoría electoral.

Por eso se piensa que el origen de los partidos políticos está vinculado al desarrollo de la participación ciudadana y que la democracia necesita a los partidos políticos del mismo modo que éstos necesitan a la democracia. Se supone, según esta teoría, que los partidos políticos cumplen funciones indispensables al sistema democrático en tanto establecen:

• un vínculo de comunicación continua entre las masas electorales y los funcionarios público
• canalizan la expresión de las necesidades y exigencias de esas masas
• formulan y ejecutan la política pública que se aplica a toda la sociedad con fuerza de ley
• proveen un medio electoral, pacífico, para discutir los problemas públicos
• elegir, fiscalizar y cambiar los gobernantes
• legitiman la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

Esta teoría da por sentado, desde luego, que la comunidad política a la que los partidos proveen un medio de expresión y de gobierno está ya definida como independiente y distinta, y posee la autoridad necesaria para discutir sus problemas y para decidirlos por sí misma con libertad de intervenciones extranjeras procedentes de otras comunidades políticas.

La teoría, por tanto, no puede aplicarse a Puerto Rico. Nuestro sistema político está subordinado al sistema político de los Estados Unidos, a la voluntad de su Congreso, Presidente, Judicatura, y no tiene, por consiguiente, autoridad reconocida para tomar y ejecutar decisiones en los aspectos más fundamentales de nuestra vida colectiva. Sólo se le concede, por delegación del poder de la metrópoli, un ámbito recortado de jurisdicción política en asuntos de poca monta. La propia organización interna de nuestro gobierno, incluyendo la forma bicameral del cuerpo legislativo, la división de los poderes públicos, la demarcación del país en distritos representativos y el método electoral que adjudica los asientos en el cuerpo legislativo, forman parte de una cultura política impuesta mediante el trasplante institucional dictado por las Actas Orgánicas del Congreso norteamericano. Ley Foraker (1900) y Ley Jones (1917)

Dichas Actas representan concesiones tardías y contradictorias a los reclamos legítimos de auto-gobierno hechos reiteradamente por el pueblo puertorriqueño. En la práctica, tales concesiones han respondido realmente a la protección de los intereses económicos de las empresas capitalistas norteamericanas y a la promoción de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Nuestro interés nacional y nuestro bienestar han sido ignorados. Por eso, no debe extrañar a nadie que las Actas Orgánicas del Congreso de Estados Unidos estén plagadas de contradicciones y anomalías. La Ley Foraker de 1900, por ejemplo, concedió la elección popular de la Cámara Baja pero retuvo el dominio del Congreso y del Presidente de los Estados Unidos sobre la Cámara Alta y sobre los nombramientos de los más importantes funcionarios ejecutivos y judiciales. No alteró tampoco el control absoluto del poder militar norteamericano sobre nuestro territorio. En el aspecto económico nos incorporó, supuestamente para nuestro beneficio, al sistema tarifario de los Estados Unidos, instituyendo desde entonces una relación de mercado cautivo que ha terminado por convertirnos en una sociedad de consumo masivo y forzoso de los excedentes productivos del capitalismo norteamericano. Eliminó, asimismo, nuestro sistema monetario trocando nuestra moneda por el dólar en una proporción desfavorable, lo que significó en términos reales la expropiación de aproximadamente el 40% de nuestra riqueza nacional. Nos convirtió, finalmente, en una plantación de caña de azúcar montada sobre la miseria del peonaje agrícola para satisfacer las necesidades económicas de. la sociedad norteamericana y el afán de lucro de sus empresarios.

La Ley Jones fue mucho más lejos, y concedió la elección popular de las dos ramas legislativas. Pero eliminó, por otro lado, la ciudadanía puertorriqueña y la sustituyó por la ciudadanía norteamericana, ignorando por completo la expresa voluntad de los representantes legítimos de nuestro pueblo. Aun la Ley de Gobernador Electivo, concedida en 1947, nos llegó con veinte o veinticinco años de retraso. Por último, la Ley 600, que creó la ficción jurídica del Estado Libre Asociado en 1952; dejó vigentes y sin alteración, en el estatuto de Relaciones Federales, todas las restricciones económicas, políticas y militares de las Actas Orgánicas precedentes. Por eso, después de setenta y dos años de coloniaje bajo los Estados Unidos, los puertorriqueños no tenemos autoridad alguna para decidir asuntos tan vitales como el reclutamiento militar obligatorio de nuestra juventud, la regulación de nuestro comercio exterior, la migración de puertorriqueños, la inmigración de extranjeros, el control de nuestras comunicaciones, la presencia de bases militares en nuestro territorio y la imposición de salarios mínimos. En vista de la persistencia de estas limitaciones, la supuesta "comunidad" de ciudadanía, defensa y mercado, resulta ser una débil racionalización para tratar inútilmente de justificar la vigencia del sistema colonial y la impotencia frente al coloniaje de los gobernantes electos por los partidos mayoritarios puertorriqueños.

Si el coloniaje es precisamente la negación más rotunda de la participación democrática, ¿cómo puede entonces explicarse la anomalía que representa el funcionamiento de un sistema de partidos dentro de un régimen colonial? Es preciso subrayar como respuesta que el colonialismo norteamericano en Puerto Rico ha contado con el completo control de la socialización política que se inculca día a día a través de la educación formal en las escuelas públicas y privadas, y con el manejo selectivo de los medios masivos de información. Estos medios de socialización política, junto a los aparentes beneficios económicos derivados principalmente de la estructura crediticia de la economía capitalista, han creado en muchos puertorriqueños una falsa conciencia de la realidad. La celebración de elecciones generales y la existencia de partidos políticos desde principios de siglo han parecido a muchas personas razones suficientes para sostener la ilusión de que Puerto Rico cuenta con un pleno sistema democrático. Por esto es difícil encontrar un pueblo colonial que haya vivido tan enajenado como Puerto Rico de su propia subordinación política, inferioridad psicológica y explotación económica, y que paradójicamente se vanaglorie tanto de su vida "pacífica" y "democrática" y de su supuesto "progreso económico". El neo-habla, o lengua nueva, que George Orwell describía en el absurdo político de 1984, ha cobrado realidad ficticia en Puerto Rico. Muchos puertorriqueños han llegado a creer las contradicciones orwellianas de que la "esclavitud es la libertad", la "libertad es la esclavitud", y la "guerra es la paz".

El sistema puertorriqueño de partidos ha logrado un perfecto ajuste a la falsa conciencia de la realidad colonial. Nuestros partidos políticos, especialmente los mayoritarios y gobernantes, se han caracterizado por una "desviación institucional" que consiste en cumplir estrictamente con las funciones administrativas permitidas en el estrecho ámbito de la jurisdicción colonial. Tales partidos sólo ambicionan lograr el restringido poder administrativo de la colonia y mantenerlo el mayor tiempo posible principalmente a base de una maquinaria política sustentada por el reparto de puestos en la burocracia gubernamental, la distribución de servicios públicos, la distribución de mantengo directo a la gente pobre y la identificación de las obras públicas con la obra del partido mayoritario o de su líder máximo.

Estas prácticas conocidas como habituales e inevitables en la política puertorriqueña han confundido indebidamente el papel del partido y el papel del gobierno en la formulación y ejecución de la política pública. Para lograr el poder restringido de la colonia; los partidos mayoritarios han dependido de una táctica pragmática, flexible y no comprometida ideológicamente, con el fin de dar cabida en su apoyo electoral a toda suerte de intereses, grupos y orientaciones valorativas.

La formación de esta gran mogolla electoralmente mayoritaria se expresa en las plataformas de los partidos con aspiración de mando, en la forma de una "quincallería" de promesas demagógicas, incoherentes y contradictorias, con las cuales se fragmenta la posible integración de intereses y se engatusa a cada grupo con la ilusión de que se legislará específicamente para resolver sus problemas más apremiantes.

Esta "quincallería" no debe en forma alguna confundirse con un verdadero programa de acción, ya que carece de una visión de conjunto, de perspectiva y de confrontación con las mismas raíces del sistema social. La mogolla mayoritaria forjada de este modo implica el pago de un alto precio que se mide en términos de una serie de evasiones de los problemas básicos de nuestra sociedad colonial. Así, por ejemplo, podríamos mencionar: la evasión del status político, la evasión del problema de la cultura nacional y de la identidad, la evasión de la estructura del poder económico tanto interno como extranjero, y la evasión psicológica respecto al problema de la pasividad o la violencia en la acción política.

La evasión del status político ha sido la táctica predilecta de los partidos mayoritarios. Los dirigentes de esos partidos han proclamado que dicha evasión es un factor supuestamente inexorable en la consecución del triunfo en las urnas y en el logro y mantenimiento del poder administrativo de la colonia. La táctica de evasión del problema del status político se ha expresado en varias formas. En el período de dominio del Partido Unión de Puerto Rico, de Luis Muñoz Rivera, se dio cabida programática a las tres soluciones políticas de entonces: la Independencia, la Estadidad y lo que se llamaba en inglés Self-government, Luis Muñoz Marín mejoró significativamente la fórmula posibilista y elástica de su padre, al proclamar como condición de su triunfo electoral en 1940 que el "status político" no estaba en issue y que por tanto no se contarían los votos emitidos a favor de su Partido Popular Democrático como votos a favor de la Independencia o de la Estadidad. Muñoz Marín insistía entonces en el Catecismo del Partido Popular en que el status se resolvería a través de un plebiscito especialmente convocado en el período de la postguerra. Luego del espúreo plebiscito de 1967, el Partido Popular Democrático desarrolló una nueva consigna de evasión alegando que el status ya estaba "resuelto" y debía desaparecer, incluso, como tema de discusión pública.

Luis Ferré, supuesto paladín de la Estadidad, aprendió bien la lección de la política colonial, cuando recalcó en su campaña de 1968 la consigna de "Esto tiene que cambiar", implicando solamente que era necesario sacar a los Populares del poder administrativo. Ferré pospuso también la solución del status como una cuestión plebiscitaria y no eleccionista. Por otro lado los reformistas del Estado Libre Asociado encabezados por Sánchez Vilella y su Partido del Pueblo, han aceptado la tesis post-plebiscitaria del Partido Popular de que el status ya está resuelto. Para ellos el problema se reduce a una sencilla reformulación del "pacto" entre el Estado Libre Asociado y el Congreso de los Estados Unidos con el objeto de corregir unas pequeñas imperfecciones e injusticias, tales como la imposición del Servicio Militar Obligatorio, las leyes de cabotaje y otras por el estilo. Estas tácticas de evasión, distintas en su forma pero idénticas en su fondo, han logrado posponer la polarización y confrontación entre las únicas dos alternativas reales a nuestro problema constitucional: la Estadidad o la Independencia. La mayoría del electorado puertorriqueño se ha mantenido inmovilizado en el punto neutro del autonomismo posibilista, que sólo ha servido en realidad como una especie de comadrona* histórica para adelantar la penetración cada día más visible del asimilismo cultural y el dominio económico de nuestra economía por el capital norteamericano.

La evasión del problema de la cultura nacional y de la identidad puertorriqueña es secuela de la evasión del status político. Los partidos mayoritarios han preferido despolitizar esta cuestión fundamental. Rara vez se han enfrentado a ella y, cuando lo han hecho, como en el reciente pronunciamiento público del gobernador Luis Ferré, se ha adoptado una nueva forma de evasión para restar importancia al asunto. El gobernador Ferré ha tratado de soslayar la seriedad del problema, inventando la ridícula tesis de la “estadidad jíbara” y proponiendo la adopción de una nueva semántica según la cual Puerto Rico sería considerado como la "patria" y los Estados Unidos como la "nación" de los puertorriqueños. Este hibridismo esquizofrénico está montado sobre un profundo sentido de inferioridad que asigna caprichosamente a los Estados Unidos la exclusividad en el dominio de la inteligencia científica y técnica mientras reserva solamente a los puertorriqueños su condición de jíbaros incapaces de promover su propio desarrollo. Pero el gobernador Ferré expresa indudablemente una condición bastante generalizada en la conducta de aquellos puertorriqueños quienes, a pesar de su criollismo, se sienten norteamericanos en el sentido cultural y estadistas en su afiliación política. De igual modo es notable el hibridismo esquizofrénico de la cultura y la identidad en un número crecido de negros puertorriqueños quienes aspiran vehementemente a vivir en el Estado 51 sin siquiera percatarse de la posición de inferioridad y discrimen institucionalizado en que se ha colocado a los negros en los Estados Unidos.

Esta horrible habilidad para la disociación psicológica de los estados de conciencia representados por el criollismo, la lealtad nacional a lo ajeno, el discrimen por motivos raciales y nacionales, y estados similares, revela en toda su crudeza los resultados de los deformaciones espirituales producidas por la socialización política colonial. Los partidos mayoritarios han remachado con su silencio oportunista la socialización política del hibridismo esquizofrénico. El propósito único de forjar a toda costa una mayoría electoral les ha llevado a rehuir la función más importante en una colonia, que consiste en desarrollar un proceso educativo de descolonización como paso previo a la creación de una auténtica conciencia nacional.

La evasión de la estructura del poder económico interno y externo se ha demostrado en los diversos ciclos de dominio de los partidos mayoritarios. En los primeros dos ciclos, representados por la alternancia de unionistas-liberales y republicanos-socialistas, los partidos en pugna electoral no se diferenciaron entre sí en términos de su enfrentamiento al sistema económico. Por el contrario, con la sola excepción del Partido Socialista, los otros partidos descansaron en las mismas bases sociales de los grupos económicos dominantes para constituir su liderato tanto nacional como local y sufragar los gastos necesarios de sus respectivas maquinarias. Los centralistas y colonos extranjeros y puertorriqueños, y los grupos profesionales, como los abogados de corporaciones, que defendían dichos intereses azucareros, constituyeron los cuadros dirigentes de aquellos partidos políticos. El Partido Socialista ilustra una anomalía distinta. Su base social y liderato eran indiscutiblemente proletarios. Su retórica era en cierto modo marxista. Pero, al fin de cuentas, el Partido Socialista también aspiraba, por lo menos, compartir la administración colonial. Y para ello tuvo que pactar con el Partido Republicano, representativo de las grandes corporaciones azucareras extranjeras y puertorriqueñas. El Partido Socialista predicaba teóricamente el derrumbe del sistema capitalista, pero añoraba al mismo tiempo convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión Federal de los Estados Unidos. Esta mezcla increíble de socialismo y asimilismo cultural, precisamente en las mismas entrañas de la mayor potencia capitalista en el mundo, es otro ejemplo de hibridismo esquizofrénico de los partidos mayoritarios puertorriqueños.

En vista de estas contradicciones, no es sorprendente que el Partido Socialista se disolviera al efectuarse su matrimonio de conveniencia electoral con los grandes intereses económicos y que el liderato obrero que legó a Puerto Rico terminara celebrando anualmente la famosa Cena de la Paz Obrero-Patronal, que es símbolo ceremonial de la comunidad de intereses entre ese liderato y la clase empresaria. Los partidos mayoritarios protagonistas de esos dos primeros ciclos demostraron un claro desprecio por la integridad y capacidad de las clases proletarias y campesinas. La atención de estas clases sólo se reclamaba hipócritamente cada cuatro años en los períodos inscripcionarios y eleccionarios. En esos días el liderato de los partidos recurría a la compraventa del voto y a toda clase de espectáculos públicos y prebendas con el fin de vencer en la justa electoral.

La tercera etapa, dirigida por el Partido Popular Democrático, es la más reciente y conocida. Esta no se distingue de las anteriores en la evasión de la estructura de poder económico interno y externo. El Partido Popular tuvo, sin duda, un buen comienzo. Su ataque inicial a "malas mañas" administrativas y electorales, y su ingerencia de tipo socialista en la primera fase de la promoción industrial, agrícola y comercial, se frustró, sin embargo, muy pronto, dando paso a la funesta etapa de la Operación Manos a la Obra, cuya política de incentivos y privilegios al capital norteamericano ha resultado en un dominio extranjero de nuestra economía de mayores proporciones que el experimentado durante el primer período de plantación azucarera absentista.

Al identificar el Estado Libre Asociado con el "progreso" económico, el Partido Popular ha otorgado a los nuevos ricos corporativos norteamericanos y puertorriqueños un poder de veto sobre la legislación interna y sobre el cambio del statu-quo constitucional. Su oportunismo táctico en la manipulación de las elecciones le llevó del mismo modo a replegarse ante las exigencias, los miedos y la intolerancia social de las nuevas clases medias. Como consecuencia de esta retirada, el Partido Popular se vio precisado a convertirse en defensor de los símbolos de la americanización y en opositor de toda expresión o persona que se catalogara como radical. Nada más natural, por tanto, que el Partido Popular preparara el camino para el triunfo del Partido Nuevo Progresista de Luis Ferré, agrupación que representa en grado exagerado y sin sentido de culpa el consorcio institucionalizado entre la gran empresa económica y el poder político colonial.

La situación que se ha descrito a grandes rasgos, lleva en sus propias entrañas un gran potencial de violencia que el puertorriqueño promedio trata de acallar mediante el último mecanismo de evasión psicológica, que consiste en una sospechosa reiteración de la paz y la democracia, de la ley y el orden. La gente que comparte este mecanismo de evasión aborrece la violencia y no escatima ocasión para proclamar públicamente la santidad de la vida ordenada, pacífica y democrática. En la superficie de esta disposición de ánimo se esconde una actitud farisea que es muy sensible a la violencia que se ejerce contra las instituciones del régimen colonial pero totalmente insensible ante la violencia mayor que simboliza y ejerce el coloniaje como sistema. Así, por ejemplo, es notable la cantidad de cartas individuales y colectivas, y de otros pronunciamientos públicos, repudiando un motín en la Universidad de Puerto Rico. La misma gente que firma tales pronunciamientos es totalmente insensible ante las masacres perpetradas en las aldeas de Vietnam, ante el reclutamiento militar obligatorio de nuestra juventud, ante la explotación económica y ante la miseria humana. El fariseísmo característico, especialmente, de las nuevas clases medias generadas por la Operación Manos a la Obra, está, además, muy dispuesto a imponer la ley y orden a la fuerza bruta en aras de la paz y de la democracia. Los partidos políticos mayoritarios o con aspiración de mando sucumben frente a estas actitudes fariseas de las nuevas clases medias cuando diseñan sus plataformas a imagen y semejanza de los miedos, las inseguridades psicológicas y la intolerancia de esos estratos sociales.

Se deriva de estas circunstancias que un auténtico partido político, dentro de un régimen colonial, sólo es posible sí cumple Con tres reglas fundamentales de conducta:

1. Debe persuadirse a sí mismo y resignarse a que su papel en el sistema electoral consiste en expresar y afirmar el movimiento de resistencia nacional. Si sucumbe ante las tentaciones de obtener el poder administrativo de la colonia, tendrá que hacerlo adoptando irremediablemente las reglas de las evasiones coloniales.
2. Por encima de su participación electoral, debe adoptar y dirigir todas las actividades de protesta, militancia y resistencia que confronten al régimen en los issues estratégicos más vulnerables.
3. Debe empeñarse seriamente en un proceso educativo para ven. cer las evasiones que forman parte de la falsa conciencia transmitida por la socialización política del régimen colonial.